Se reanudan los alegatos en la causa Obra Pública con Cristina Kirchner y Lázaro Báez entre los acusados

Se reanudan los alegatos en la causa Obra Pública con Cristina Kirchner y Lázaro Báez entre los acusados

El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, donde se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros doce imputados.

El fiscal federal Diego Luciani comenzará esta mañana a desgranar el alegato de acusación contra los 13 imputados en el juicio conocido como “Vialidad”, en el que los principales imputados son la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el empresario Lázaro Báez.

En el juicio está en debate las presuntas irregularidades en la adjudicación de obras viales para la provincia patagónica con la adjudicación de 51 contratos millonarios a las empresas de Báez.

Cristina Fernández de Kirchner está acusada de ser la jefa de una “asociación ilícita”.

La de hoy será la primera de nueve audiencias que, a lo largo de tres semanas, utilizarán el fiscal y su adjunto, Sergio Mola, para pedir penas para todos los imputados.

La Corte Suprema rechazó poco antes de la feria judicial de invierno una serie de planteos de Cristina Kirchner contra la continuidad del juicio y las acusaciones en su contra.

Fuentes cercanas a la fiscalía anticiparon que el pedido de penas será “alto” y deslizaron que abarcarán, en distintos grados de responsabilidad, a la totalidad de los imputados.

La fiscalía anticipó que utilizará todas las jornadas que le asignó el tribunal, a razón de tres audiencias por semana.

Luego de esa etapa, será el turno de las defensas, que dispondrán de una semana cada una para pronunciar sus alegatos.

No obstante, varios de los abogados defensores ya anunciaron que utilizarán menos tiempo que el autorizado, de modo tal que los tiempos de esa etapa podrían reducirse.

Una vez concluidos los alegatos de las defensas, la fiscalía podría pedir la palabra para etapa de “réplicas” y, a su vez, las defensas quedarían en ese escenario en condiciones de pedir “dúplicas” para responder al Ministerio Público.

Finalmente, el tribunal oral federal número dos, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ofrecerá a los imputados la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto.

Cuando el último de los acusados cumpla con ese trámite, el tribunal deberá emitir su decisión en esa misma jornada, según lo prevé el reglamento de los juicios orales.

Ello, estiman las fuentes, ocurrirá a finales de noviembre próximo o durante el mes de diciembre.

Atento a la magnitud del juicio y la cantidad de acusados, los fundamentos del fallo se darán a conocer en el primer trimestre de 2023 y sólo entonces las partes estarán en condiciones de apelar la decisión de los jueces.

Cualquiera sea la decisión, el proceso ingresará en una etapa de apelaciones y recursos que se extenderá, en el cálculo más conservador, por no menos de un año para que exista un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal.

Esa no era la última instancia del juicio, pues todavía estará pendiente una decisión de la Corte Suprema –que no tiene plazos establecidos para un pronunciamiento-, como última revisora del fallo.

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