Los bloques opositores analizan una nueva ley de alquileres y aumentos a los subsidios para los colectivos en el interior, mientras el Frente de Todos intenta debatir el alivio fiscal a monotributistas y autónomos.
Ni circunstancial ni permanente. La mayoría opositora que venció al oficialismo al aprobar el proyecto sobre boleta única de papel en la Cámara de Diputados el miércoles pasado será una “mayoría temática” que solo emergerá cuando alguna iniciativa logre vencer sus diferencias. No es tarea fácil ni son demasiados los proyectos capaces de generar amplios consensos, pero a priori asoma una primera agenda con dos temas excluyentes que el oficialismo esquiva: alquileres y subsidios al transporte del interior.
Los oficialistas acusaron el golpe de la derrota sufrida en la última sesión. Procurarán dar rápidamente la página y para ello convocó este miércoles a debatir el proyecto de alivio fiscal para monotributistas y autónomos, una iniciativa que presentaron el presidente de la Cámara Sergio Massa, Margarita Stolbizer (Juntos por el Cambio) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Interbloque Federal). “Ese sí es un proyecto que le interesa a la gente”, le retrucan a Juntos por el Cambio.
Al oficialismo tampoco le resulta sencillo avanzar en su agenda. No sólo por su condición de minoría, sino sobre todo por la carencia de liderazgos claros dentro de la coalición, azotada por feroces disputas internas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. La crisis en la cúspide del poder impacta de lleno en la dinámica de la bancada que preside Germán Martínez, donde por veces reina el desconcierto sobre qué prioridades debe cumplir.
Una nueva ley de alquileres
La oposición pretende llenar este vacío con una agenda propia. Desde hace unos días las bancadas de Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y Juntos Somos Río Negro –los mismos que votaron la boleta única– comenzaron a trabajar en torno a un dictamen unificado para una nueva ley de alquileres. Un tema sensible que, con la disparada de la inflación, impactó de lleno en los precios y en la oferta de los inmuebles para alquiler.
Massa prometió el año pasado una nueva ley que revierta las falencias de la actual; sin embargo, el oficialismo emitió un dictamen que poco y nada la modifica: establece que la validez de los contratos sea de tres años y que la actualización de los valores sea anual con el tope que fija el Índice de Contratos de Locación (ICL), una fórmula que elabora el Banco Central que contempla en partes iguales la variación de la inflación y los salarios.
En cambio, los bloques opositores coinciden que, dado el contexto inflacionario actual, las partes deberían contar con mayor autonomía a la hora de pactar los contratos, sin índices prefijados. Asimismo, tanto Juntos por el Cambio como el interbloque Federal proponen retrotraer a dos años el plazo de los contratos, tal como estipula el Código Civil.
El proyecto aún no está cerrado; todavía hay puntos por consensuar. Ni siquiera en Juntos por el Cambio, donde las distintas corrientes conviven en tensa armonía, las posturas están del todo allanadas. No ayudó demasiado que el expresidente Mauricio Macri opinara que lo mejor sería que se derogase la norma actual, posibilidad que había sido descartada por el grueso de la bancada.
En lo que sí habría mayor consenso es en impulsar una iniciativa que actualice los fondos que se destinan al transporte automotor de pasajeros del interior del país. Tanto Juntos por el Cambio como el interbloque Federal y otros bloques menores –no descartan sumar a la izquierda– proponen incrementar el Fondo Compensador de $46.000 millones a $70.000 millones. Luz amarilla para el oficialismo, que teme que si el Poder Ejecutivo no envía a tiempo una señal, sus propios diputados terminen votando con los opositores.
Por: Laura Serra (La Nación)
