Incertidumbre por el juicio oral contra Carlos Elizalde

Pergamino

En sede judicial local, se dirime en juicio oral una causa por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y malversación de fondos que fuera iniciada por el fiscal Juan Andrés Gracia en 2015 contra el entonces Secretario General de la Municipalidad de Pergamino, Carlos Elizalde.

El ex funcionario fue denunciado en el marco de la disputa legal (que llegó hasta la inhabilitación de la planta). Se instruyó por escrito a un móvil de la Patrulla Urbana a permanecer en el acceso al establecimiento Sarape S.A. (la planta mencionada), ubicado sobre el kilómetro 11 de la ruta 178.

Para el fiscal Juan Andrés Gracia, “Elizalde dictó resoluciones contrarias a la ley, abusando de su función, al ordenar el apostamiento de móviles pertenecientes a la Patrulla Urbana municipal, para controlar la entrada y salida de camiones de la empresa Sarape S.A., violando de esta manera las resoluciones dictadas por el intendente municipal en los distintos expedientes administrativos, como así, el decreto que crea el servicio de Patrulla Urbana, cuya función específica es el patrullaje preventivo, de acuerdo al mapa del delito, como así también tareas relacionadas con el tránsito, inspecciones, procedimientos y controles, siendo conducido para estas operaciones con agentes municipales únicamente y todo en el marco de la prevención de delitos, circunstancia esta que no se da en el caso particular”.

Historia del conflicto

El conflicto entre el imputado y la firma Sarape S.A. comenzó en 2012. En su momento, el intendente Héctor Gutiérrez dispuso la clausura parcial de la planta por considerar que no cumplía con ciertas pautas para su normal funcionamiento.

En abril de 2014, el intendente interino Omar Pacini ordenó un desalojo con apercibimiento de decomiso. Ya en noviembre de 2014 se ordenó el decomiso de aves de la empresa mencionada. Incluso, con posterioridad a la medida ordenada por Elizalde de apostar una patrulla bloqueando el acceso al establecimiento, Pacini revocó la habilitación otorgada a Sarape S.A.

Fue en ese momento donde la empresa solicitó al Juzgado Contencioso Administrativo Departamental que disponga, como medida cautelar, la suspensión del acto administrativo, a lo que el Juez Luciano Savignano el 5 de febrero de 2015 resolvió, con carácter de precautelar, que la Municipalidad de Pergamino se abstenga de poner en ejecución el acto administrativo impugnado. Igualmente, Savignano se excusó para seguir entendiendo en la causa, razón por la cual se radicó en el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Junín.

En 2015, y a instancias del dueño de la empresa con la comparecencia de un escribano, consta en actas que los empleados tenían órdenes de no dejar salir camiones con producción de la granja avícola. De los registros del sistema 108, surge que desde el 10/03/15 hasta el 08/05/15 (casi dos meses) la Patrulla Urbana fue dispuesta en Sarape S.A. llevándola casi a la quiebra. La mayoría de los secretarios del entonces Gabinete Municipal desconocían el operativo, y algunos infirieron en la causa que se enteraron por los medios de comunicación. Incluso el Intendente declaró que tomó conocimiento de los detalles cuando la cuestión tomó estado público. Todos datos que parecieran a priori un uso indebido de los recursos de municipio, como consta en el expediente donde se niega el sobreseimiento y se inicia el juicio.

Para 2018, se realizó un pedido de nulidad que fue desestimado. En el marco de los fundamentos establecidos en el escrito, se comentaba por parte de la defensa que no había comisión de delito en los términos de las acusaciones; por lo menos, no reprochables penalmente.

Allí, dentro de la desestimación de nulidad, se estableció que no hay dudas sobre la validez del requerimiento de elevación a juicio, abasteciendo debidamente los postulados que regulan dicho acto encontrándose garantizado el adecuado ejercicio del derecho a defensa. Se determinaron los hechos y las constancias por las cuales fue necesario llegar a la etapa procesal actual.

Emerge con claridad que el magistrado de Garantías ha tratado debidamente las cuestiones sometidas a conocimiento por las partes. El rechazo de la nulidad de la requisitoria de elevación a juicio se encuentra debidamente fundamentado. Es uno de los tantos argumentos para llegar a la instancia próxima.

En esta semana, en la sala se encontraban el ex intendente Héctor María Gutiérrez y Ramiro Llan de Rosos acompañando al imputado Elizalde (ahora empresario de medios de comunicación como Radio Más y el portal digital Primera Plana). Probablemente con la incertidumbre lógica que representa el potencial veredicto judicial. Y en esta instancia el ex intendente Gutiérrez fue citado como testigo.

En conclusión, es la primera vez que en Pergamino se procesa a un ex funcionario por malversación de fondos, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público. La fiscal Patricia Lina Fernández es quien lleva adelante en la actualidad la causa judicial que iniciara en su momento el ya fallecido fiscal Gracia.

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